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Se amplía el debate en torno a la protección de los glaciares:POR EL DERRAME DE LA MINERA BARRICK GOLD EN SAN JUAN


La causa por el incumplimiento de la Ley Nacional de Glaciares generó un espacio de disputa tanto
en el plano jurídico como en el científico y ético. En esta entrevista, el geólogo Lucas Ruiz se suma
a la polémica rechazando los cuestionamientos al Inventario Nacional de Glaciares que hizo el
instituto del cual depende (IANIGLIA).
Investigadores como la socióloga Maristella Svampa
y la glacióloga Ana Paula Forte avalaron, en diálogo con esta agencia, el pronunciamiento judicial
contra Ricardo Villalba y los ex funcionarios de la cartera de Medio Ambiente.
Frente a este panorama, el Doctor en Ciencias Geológicas e investigador de IANIGLIA, Lucas Ruiz,
defiende, en esta entrevista, a Ricardo Villalba y adjudica la responsabilidad de los derrames a “la
falta de control provincial sobre la minería”.
A su vez, justifica que la omisión en el registro de ciertos tipos de cuerpos de hielo y de ciertas
formas geológicas del ambiente periglaciar está basada en que “no está científicamente probado
que actúen como reserva de agua” e, incluso, interpreta que “el inventario no identifica el efecto o
el impacto que tiene la minería”.
Según el juez Sebastián Casanello, la forma en la que se desarrolló el Inventario Nacional de
Glaciares (ING) dejó expuestas áreas sensibles para el cuidado de las cuencas hídricas, como la
cuenca del río Jáchal, en San Juan, contaminadas en varias oportunidades por la empresa
canadiense Barrick Gold. A continuación, la respuesta del científico.
¿Qué reflexiones despertaron los argumentos a favor del fallo?
Entendemos que es útil la discusión sobre para qué se hace ciencia y cuáles son las consecuencias
de hacer ciencia para la sociedad. Trabajamos en el armado del inventario desde el inicio, y
siempre lo hemos pensado como una herramienta para la sociedad, más allá de las cuestiones
científicas o de nuestras incumbencias. Lo que vemos es que la situación por la cual se llega al
cuestionamiento del inventario es absurda. Nosotros no decimos que el inventario no es
perfectible. Pensamos que, una vez publicado, habría que seguir mejorándolo, y se puede debatir
cuál es la mejor forma de mejorarlo, pero es absurdo pensar que Ricardo (Villalba), por ser el
director del Instituto, o nosotros, por realizar el inventario, tenemos responsabilidad por lo que
hace una empresa minera en la provincia de San Juan.
La glacióloga Ana Paula Forte, testigo en la causa, sostiene que no hay un basamento científico
para no estimar a los geoformas menores de una hectárea como recurso hídrico.
Ana Paula (Forte) no pone en contexto el trabajo del inventario. Los glaciares pequeños son los
que tienen menos de un kilómetro cuadrado (100 hectáreas). Los glaciares de San Juan son
glaciares desérticos, que también se encuentran en La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y en algunos

lugares de Bolivia. Cuando hablamos de glaciares muy pequeños, no hablamos de glaciares
menores de una hectárea. Pueden existir otras geoformas glaciares menores de una hectárea,
pero glaciares propiamente dichos, que son cuerpos de hielo formados por la cristalización de la
nieve, no. Cuando se dice que “el inventario no involucra glaciares menores de una hectárea” se
está simplificando la discusión. El inventario tiene un umbral que es cien veces menor de lo que
consideramos glaciares muy pequeños (1 km 2 ). Cuando nos acercamos a este umbral de área
mínima es difícil diferenciar qué es un cuerpo de hielo perenne de lo que no lo es, qué es un
manchón de hielo que dura más de dos años de lo que es un manchón de nieve estacional. Hay
que analizar varias imágenes de años diferentes y que hayan sido tomadas en momentos del año
diferentes para ver realmente si ese manchón de nieve perdura al final del verano o no.
También se cuestiona la omisión de geoformas como los protalus lobes y el permafrost (suelo
congelado).
En el fallo del juez también se habla de geoformas periglaciares que no entraron en el inventario,
pero tiene que estar comprobado científicamente que eso tiene hielo para considerarlo reserva. Si
uno empieza a incluir elementos del paisaje que no tienen ese rol de reserva de agua, el inventario
y la Ley de Glaciares se desdibuja. Es por eso que los lóbulos de solifluxión, las morenas o los
deslizamientos no están en el inventario. Hasta que no esté comprobado científicamente que algo
es una reserva de agua, no puede estar protegido por la ley. Está demostrado que los glaciares de
escombro sí tienen hielo. En cambio, los glaciares de escombro fósiles, que Ana Paula mapea y que
el juez cuestiona que son cuerpos afectados por la minera y que no han sido inventariados, por
definición no tienen hielo. Entonces, ¿vamos a poner como una reserva a proteger por una Ley de
Glaciares que está pensando en el agua del futuro algo que dejó de tener hielo hace 15 mil años?
Hay investigaciones, como las del Doctor Juan Pablo Milana, que ponen de relieve la
importancia hídrica del ambiente y las geoformas periglaciares en los Andes Desérticos.
Siempre va a aportar más agua un glaciar descubierto que uno cubierto, y ni hablar que uno de
escombros. Básicamente porque el glaciar descubierto tiene hielo en superficie, y ese hielo es
propenso a derretirse y aportar agua. Entonces, en los Andes desérticos, uno puede tener una
gran superficie de permafrost, una gran porción de suelo que está por debajo de los 0°C, pero, al
haber poca humedad, son muy pocos los glaciares de escombros que se pueden formar. Todo lo
que sea reserva de agua en los Andes Desérticos está reducido. No hay cuerpos más pequeños que
los glaciares de escombros, como los protalus lobes, que tengan hielo comprobado. Dentro de
cien, de mil años, puede ser que aporten, pero el aporte que hacen hoy en día es cero. No hay
evidencia de que el hielo que está guardado en el permafrost sea un recurso hídrico actual.
Suponemos que los glaciares de escombros van a ser importantes en el futuro, cuando los
glaciares descubiertos dejen de existir. En ese momento vamos a comenzar a utilizar esa agua
porque la temperatura de nuestra región va a aumentar y el permafrost va a dejar de estar por
debajo de 0°C todo el tiempo. Pero eso no es lo que protege la ley de glaciares y en ese sentido, es
muy clara: en el inventario tienen que estar todas las geoformas glaciares y periglaciares que
actúen como reserva de agua.

La exploración y explotación minera en zona de glaciares está prohibida por ley (Ley 26.639/ Art.
N°6). La mera constatación de la existencia de glaciares debería haber supuesto el cese de la
actividad.
Para saber si una actividad puede o no impactar, primero tenemos que analizar dónde se
desarrolla esa actividad, qué tipo de actividad se desarrolla y, a partir de ahí, ver cuál es el impacto
que puede tener. Cuando se hace un inventario, se identifican los cuerpos que hay y se miden un
montón de parámetros asociados a ese cuerpo para caracterizarlos de la mejor manera, pero un
inventario no identifica el efecto o el impacto que tiene la minería. El inventario en la zona de
Veladero tiene identificados más de 35 cuerpos de hielo entre glaciares de escombro muy
pequeños, manchones de nieve y glaciares descubiertos, todos mayores de una hectárea. Esto
sirve para que, en los casos donde haya minería en zona glaciar, se demuestre que no está
afectando.
¿Por qué el inventario no comenzó por las zonas prioritarias?
Nadie nunca dijo dónde se están desarrollando los proyectos mineros en la Argentina. Las zonas
prioritarias no estuvieron definidas hasta varios años después de la sanción de la ley. La secretaría
de Minería de San Juan es la única que tiene publicada información de donde están ubicados los
proyectos mineros. En el 2014, el ING identificó glaciares en esa región, pero salió publicado en el
2017 por cuestiones que tienen que ver con el organismo de aplicación de la ley, la ex secretaria
de Medio Ambiente que hoy es el Ministerio de Medio Ambiente. Los científicos no podemos ser
los que protejamos los glaciares porque no tenemos facultad de hacer cumplir la ley. La aplicación
de la ley pasa por las provincias y por el Ministerio de Medio Ambiente, a ellos son los que como
sociedad tenemos que reclamarles que cumplan la ley. Deberían informar cuando hay un derrame
y no lo informan, o lo informan una semana después de que ocurre porque se filtró la noticia. Ese
es el problema de fondo: la falta de control provincial sobre la minería. En la provincia de San Juan
hay 1900 km cuadrados identificados como proyectos mineros. En esa superficie, hay más de 668
glaciares. Todo eso está en la página web, de esa información deberíamos estar discutiendo.
¿Cuál es el rol que les cabe a los científicos en este contexto?
Los científicos tenemos el rol de aportar información para la toma de decisiones, no tenemos la
posibilidad de tomar esas decisiones. El inventario nacional de glaciares es público para todo el
mundo, no hay ninguna restricción a la información del inventario. Cada vez que a nosotros nos
llega una consulta, tratamos de dar una respuesta. Tratamos de entregar la información que
cumpla con los estándares científicos, pero no tenemos injerencia en el desarrollo o no de la
industria minera o de cualquier industria en la Argentina.Carolina Vespasiano (Agencia CTyS-UNLaM) –

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