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Caso disputa familia Etchevehere: “No hay que confundirlo con una toma de tierras”, afirmó el fiscal

El fiscal de La Paz, Oscar Sobko, que actúa en la causa por el conflicto en el campo de la familia Etchevehere, dio detalles de la trama judicial que se desató tras la ocupación de la estancia “Casa Nueva” por parte de Dolores Etchevehere.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Sobko admitió que “nadie pensaba tener algo así, con una situación que se sabía que podía desmadrarse por los ribetes de la política que se mete un poco aquí como el diablo cuando mete la cola”.

De todos modos, aclaró: “Estamos siempre del lado de la legalidad y siempre persiguiendo algo que vemos o que olfateamos que puede ser un delito. Estamos siempre del lado de la legalidad y esto es muy criticado por parte de la propia defensa de Dolores Etchevehere pero me siento totalmente confiado en que tenemos una posición desde la propia Procuración y hacia el resto del Ministerio Público Fiscal de que esto se trata de un delito, y por ello actuamos como actuamos; no es porque se toma partido por un lado o por el otro. Hay que señalar la objetividad del Ministerio Público Fiscal y el cumplimiento a rajatabla de la legalidad”.

Mencionó que “el pedido de desalojo fue en función de la documentación y por lo que estaba sucediendo de hecho antes de la usurpación de Dolores Etchevehere del campo Casa Nueva porque, más allá de que el dominio sea de la Sociedad Anónima Las Margaritas, desde antes de la muerte de Luis Félix estuvieron ejerciendo la posesión y la tenencia, y esto en actos de administración de la sociedad anónima”.

Y agregó que “desde ese punto de partida Dolores Etchevehere no tiene ni siquiera la mera tenencia del bien, ella como accionista debía atender y acotarse a lo que resuelva el directorio, que es el órgano máximo por excelencia que dirige las venturas y desventuras de la sociedad anónima. Ella, como todo socio, debía atenerse y aceptar las decisiones del directorio y de la asamblea, debía moverse dentro de ese marco”.

“Después ella refiere –y entiendo que allí existe el dolo- y se presenta como heredera de una parte indivisa de un bien inmueble que le corresponde por aquellos bienes de la herencia de su padre; pero los bienes de la herencia de su padre en este caso serían las acciones, en el supuesto de que esto estuviera dentro de la heredad de Luis Félix. No hablamos de un inmueble en particular que estaba dentro de lo que eran los bienes de Luis Félix, estamos hablando de una sociedad anónima de la que, en todo caso, ella tenía acciones. Por eso allí entendemos que está el fundamento del delito, que esta actitud en parte es delito, y por eso nos habilita el Código Procesal Penal a ciertas solicitudes previas a que se establezca efectivamente que existió el delito de usurpación”, explicó el fiscal. 

En ese marco, detalló que “por eso utilizamos el articulo 73 K respecto a minimizar los efectos nocivos del delito, solicitando de inmediato la restitución de algunos elementos, y en correlato a ello quien se haya visto afectado por el delito específico de usurpación puede solicitar la restitución del inmueble a la presidenta del directorio, que no es otra que Leonor Barbero viuda de Etchevehere”.

“Se trata de una medida cautelar innovativa, también para bajar la espuma en esta situación en el sentido de evitar conflictos que superen lo que es exclusivamente una situación familiar, un problema entre hermanos que después toma ribetes políticos por ciertas situaciones en particular. Por eso digo que se trató de bajar la espuma solicitando una medida cautelar innovativa y que la cosa vuelva a quien detentaba antes la posesión y la mera tenencia en los actos administrativos que estaba llevando a cabo la sociedad anónima”, puntualizó.

Respecto de la postura de la Fiscalía, Sobko explicó: “Simplificamos la posición y lo que se intenta con esta medida cautelar es volver las cosas al estado anterior al 15 de octubre de 2020, para minimizar los efectos del acto ilícito que sería el ingreso de Dolores al casco de la estancia Casa Nueva. No desconocemos que haya algún tipo de situación jurídica conflictiva con estos elementos aportados por la querella y que la defensa de Dolores esgrimió que se trataba de un acuerdo espurio, y por eso simplificamos hasta la mera turbación de la tenencia.

Como ejemplo simple, mencionó: “Si alguien alquila una casa, no puede venir el titular del inmueble a sentarse en el living a ver televisión, usar el baño o quedarse a dormir. Hasta ese punto simplificamos desde la Fiscalía la situación para decir que existe el delito de usurpación, más allá de que se estén discutiendo estas cuestiones de si son válidos o no los acuerdos, o si de alguna manera fue presionada o no la señora Dolores Etchevehere para la firma de esos acuerdos”.

“Y aunque al momento en que ingresó al campo el 15 de octubre, ella fuera o no accionista porque las hubiera vendido o materializado, el campo Casa Nueva estaba dentro de la órbita de administración de la sociedad anónima Las Margaritas. No es necesario entrar en abundamiento de quien es el titular o no de las acciones, de qué manera se es titular. Simplificamos por una cuestión no de conveniencia sino para no hacer incurrir en errores al juez, porque es así de sencillo el tema de entender si hay o no usurpación”, acotó.

De todos modos, reiteró que “el juez incurrió en un error y por eso estamos en una etapa de apelación”. “Para nosotros se extralimitó en su función como juez de Garantía, porque nos deja a la Fiscalía sin ningún tipo de opción, como si estuviera tratándose ya de un sobreseimiento de Dolores y de aquellas otras personas que han incurrido en el delito, y no nos deja otra opción más que un archivo forzoso; archivo que tendría que ser atribución pura y exclusiva del Ministerio Público Fiscal en cuanto a la política criminal que estamos aplicando desde la Procuración. Y también ha incurrido en ciertos errores no solo procesales sino del derecho de fondo respecto de lo que está aplicando”, sentenció.

Por otra parte, Sobko indicó que el juez natural del Juzgado, Walter Carballo, retornó a su cargo este lunes pero aclaró que “el caso ya está resuelto en la primera etapa en cuanto a las medidas solicitadas por la Fiscalía y la querella, y el trámite continua en apelación. El resto del caso de ahora en adelante, y las decisiones que se puedan llegar a tomar las tomará el juez de garantías en lo que sea la Investigación Penal Preparatoria”.

Sobre las medidas de restricción, explicó que “fueron solicitadas en tanto y en cuanto no se aceraran al casco principal de la estancia con lo cual no hubo violación de esta restricción en tanto y en cuanto estuvieran a la vera de la ruta 48”.

Además, dijo que “desde Fiscalía fuimos mucho más allá entrevistando a quienes fueron apareciendo como posibles mandaderos de Luis Miguel Etchevehere, de los hermanos o de los hermanos para realizar amenazas coactivas para que salieran del campo, y se organizó una solicitud para mediar por parte de algunos chacareros en esta situación. Eso se agregó a la denuncia de amenazas coactivas realizada por Dolores como entrevistas que se fueron realizando a distintas personas y a prima facie nos dimos cuenta que no estábamos ante amenazas coactivas por lo cual se solicitó una morigeración de las medidas, siempre en protección de Dolores Etchevehere en este conflicto familiar que se transforma en algo que se pretende que sea un conflicto nacional”.

“Desde el inicio de las actuaciones estoy diciendo que esto es una situación del mundo Etchevehere y no del resto de la Argentina; no hay que confundir esto con una toma de tierras como puede estar sucediendo en otras partes del país. Yo mismo hablé con los querellantes y les pedí que dejen de vincularlo y de traerlo a nuestro legajo de Investigación Penal Preparatoria porque no nos hace ningún bien”, advirtió.

“Seguramente algún redito político debe haber por allí pero dentro de la situación penal no le reditúa a ninguno que esto se ate o se pueda relacionar con otras situaciones que no tienen nada que ver”, concluyó.

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