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ENTRE RÍOS: Emergencia Solidaria: la provincia estima obtener 2.228 millones de pesos anuales

Hugo Ballay es ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Entre Ríos y se refirió al proyecto de Emergencia Solidaria que remitió el Poder Ejecutivo a la Legislatura, y también reflexionó sobre el impacto y por qué se incluyeron algunos sectores y otros no.

Las declaraciones del ministro fueron realizadas en el programa de radio “En el 2000 también” que conduce el periodista Antonio Tardelli.

Básicamente, hay tres grandes sectores que aportarán (anualmente) 780 millones de pesos, discriminados del siguiente modo: 350 millones de pesos los bancos y financieras; 270 millones de pesos las droguerías; y 160 millones de pesos será el aporte que realizarán el tres por ciento de los propietarios de campos que superen las mil hectáreas. En total 780 millones de pesos.

Con respecto a las erogaciones, la provincia estima ahorrar 725 millones de pesos anuales en los trabajadores activos y 720 millones en los pasivos. En total 1.445 millones de pesos.

La suma total (anual) es de 2.228 millones de pesos, teniendo en cuenta la reducción del gasto y el incremento del recurso.

Comparativamente, para hacer frente a la masa salarial de activos y pasivos, la provincia necesita mensualmente ocho mil millones de pesos; y cuatro mil millones de pesos para hacer frente al primer tramo del sueldo anual complementario o aguinaldo.

El Artículo 10° del proyecto de Emergencia Solidaria dice textualmente: “Quedan suspendidas durante la vigencia de la presente Ley, las facultades que por cualquier normativa hayan sido atribuidas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los Entes Descentralizados, Autárquicos, Autónomos, Empresas y Sociedades del Estado para el incremento de haberes cualquiera fuera el concepto o denominación, por fuera de lo que pudiere acordarse en el marco de las Paritarias de la Administración Central”.

El ministro Ballay aclaró en el programa “En el 2000 también” que este apartado limita la posibilidad de que cualquier ley que tengan esas organizaciones enumeradas en el artículo puedan incrementar por el plazo que dure la normativa algún incremento salarial que esté por fuera de la Administración Central (Poder Ejecutivo) cierre en paritarias con los gremios estatales.

En los hechos, significa que el Poder Judicial de Entre Ríos quedará “desenganchado” de los aumentos salariales que se disponga en el Poder Judicial de la Nación. Ballay expresó: “Significa la suspensión por el término de esta ley del desenganche; pero también implica la suspensión, por ejemplo, de algunos gremios como Luz y Fuerzas, Energía, Viales, Seguros, Comercios en Sidecreer. Todos aquellos organismos que se rigen por alguna norma distinta a la que se acuerda por paritarias también estarán supeditadas, si la Legislatura acompaña el texto que enviamos desde el Ejecutivo, a esa limitación de otorgar incrementos”.

“Dividimos la Ley en dos partes: una es la de mayores recursos, donde modificamos la base imponible del sistema financiero. No me voy a detener demasiado en que es una de las actividades que no ha disminuido para nada en los últimos años (independientemente de la pandemia) sus ganancias. Entonces, como está la imposibilidad de modificar alícuotas, el Impuesto a los Ingresos Brutos porque el consenso establecido por ley nacional y provincial fija topes; entonces modificamos la base de cálculo” y en ese marco Ballay recalcó que se trata de un concepto “progresivo”.

Al momento de establecer números concretos, el ministro de Economía estimó que a valor año implica 350 millones de pesos que el sistema financiero deberá contribuir a la provincia con estas modificaciones.

También fue consultado si esta variable modifica en algo el proceso de licitación para establecer el Agente Financiero de la provincia, pero Ballay respondió “que en absoluto cambia algo”. Y aprovechó la oportunidad para adelantar que el proceso licitatorio que está en curso, una de las instancias distintivas o diferentes del convenio actual “es que quién sea el próximo Agente Financiero no tiene ningún tipo de eximición impositiva”, como sí tenía el actual agente.

Y si bien el ministro reconoció que con esta nueva ley se modifica para los banqueros una expectativa de ganancia, la misma no será sustancial por el volumen de ganancia que obtendrán.

El ministro también explicó el Artículo 8° del proyecto de ley, referido a la modificación de la alícuota establecida en la Ley Impositiva 9.622 y sus modificatorias, para la actividad de “Comercio mayorista de medicamentos para uso humano”, la que

quedará fijada en un cuatro por ciento, mientras dure la emergencia establecida por la presente ley.

Al respecto, hizo observar que el consenso fiscal fija un tope del cinco por ciento para ese rubro. En Entre Ríos está vigente un acuerdo del 1,6 por ciento; en Santa Fe es de 4,5 por ciento y Córdoba se maneja con un esquema que oscila del 3,5 al 5 por ciento de acuerdo al volumen de facturación. “Este proyecto de ley eleva el rubro al cuatro por ciento; es decir, por debajo de lo que establece el consenso y en promedio con la Región Centro que habitualmente tomamos y los demás toman como referencia”. Y estimó que el aporte será de aproximadamente 270 millones de pesos anuales.

Al ser consultado que esta ley incluye a propietarios de campos que tengan más de mil hectáreas (el tres por ciento de los contribuyentes); Ballay sostuvo que será el 10 por ciento del Impuesto Inmobiliario establecido para el presente año, calculó el aporte en casi 160 millones de pesos.

Por el lado de los ingresos son estos tres rubros:

1) 350 millones de pesos de bancos y financieras.

2) 270 millones de pesos por droguerías.

3) 160 millones de pesos por el aporte del tres por ciento de los propietarios de campos que superen las mil hectáreas.

En total 780 millones de pesos.

Con respecto a las erogaciones, el ministro explicó que están contempladas en dos artículos.

El primero referencia al personal activo de la administración pública, es decir, incrementa el aporte personal a la Caja de Jubilaciones para todos aquellos agentes que superen los 70 mil pesos, lo que se traduce que aproximadamente el 85 por ciento de los trabajadores y empleados no verán resentido sus salarios (porque continuarán aportando el 16 por ciento). Como ejemplo, lo ilustró con un salario de cien mil pesos, que aportaría dos mil pesos; pero al disminuir luego su aporte en Ganancia, en rigor aportaría 1.600 pesos. Y aquellos que ganan 300 mil pesos o más; sería de 18 mil pesos, pero se le retienen 6.300 pesos menos para Ganancia y sólo se le retienen 11.700 pesos que sobre un sueldo de 300 mil pesos implica el 3,9 por ciento.

En este esquema no quedan incluidos aquellos que no pagan Ganancias, como la inmensa mayoría de los jueces y empleados del Poder Judicial.

Con los pasivos, el caso es similar: hasta 70 mil pesos (84 por ciento de los jubilados) no se les tocará sus salarios; y después hay un esquema progresivo: desde 75.001 a 100.000, el cuatro por ciento. Desde 100.001 a 200.000, el 6 por ciento. Desde 200.001 a 300 mil, el 8 por ciento; y más de 300.001, el 10 por ciento.

Hay 343 jubilados provinciales que ganan más de 300 mil pesos y que aportarán el diez por ciento.

Al respecto, se le consultó a Ballay por qué el diez por ciento o más: “Hay antecedentes de leyes de emergencias, incluso algunas que han tenido fallos favorables en la Corte Suprema de Justicia que establecían en su momento hasta el 15 por ciento de retención. Y este es un trabajo bajo la tutela permanente del gobernador, donde determinamos estos elementos para que ese aporte afecte a los que más ganan, independientemente de que algunos podrían contribuir más o como se hizo alguna vez el ejercicio de establecer la línea base en vez de 75 mil en 50 mil pesos, por ejemplo”.

En total por el lado de las erogaciones, la provincia calcula que se podría ahorrar 725 millones de pesos anuales en los trabajadores activos y 720 millones en los pasivos. La suma total (anual) es de 2.228 millones de pesos, teniendo en cuenta la reducción del gasto y el incremento del recurso.

Desde el programa también se lo consultó qué representan esos 2.228 millones de pesos en un déficit anual. Al respecto, el ministro de Economía expresó: “Todos los meses la provincia necesita para hacer frente a los salarios de los trabajadores activos y pasivos, ocho mil millones de pesos. Y para hacer frente al aguinaldo (el primer tramo del sueldo anual complementario), requiere de cuatro mil millones de pesos. Y aquí estamos hablando de 2.228 millones de pesos anuales”, ejemplificó Ballay.

En este primer semestre al área de Salud (fuera de salarios y adicionales), es decir, de funcionamiento, se le transferirán al 30 de julio dos mil millones de pesos, fue otro ejemplo que estableció para comprender mejor los números. Y que es el doble de lo que estaba presupuestado originalmente.

Y agregó algo más: los recursos generados por esta ley serán coparticipados a los municipios, a diferencia de otras normas de similar carácter de emergencia que se dictaron en otros tiempos como en 2013 con el Impuesto Inmobiliario y Automotor.

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