Radio Aires HD Villaguay
Cuatro investigadores de CONICET analizaron el estado ambiental de los ecosistemas tras el
paso de los incendios forestales y evaluaron las herramientas científicas, jurídicas y sociales
con las que hoy se cuenta para el futuro inmediato.
(Agencia CTyS-UNLaM) – El 2020 agotó la capacidad para las metáforas. Al día de hoy, al
menos tres provincias –Salta, Jujuy y La Rioja- siguen con focos activos de incendios, y muchas
otras vieron comprometidos sus ecosistemas más importantes tras varios meses literalmente
prendidas fuego.
En total, casi 9 mil kilómetros cuadrados de vegetación nativa, hábitat de cientos de especies
animales y patrimonio colectivo de las comunidades, se vieron afectadas en lo que va del año,
y la profundidad de dichos daños aún es difícil de mensurar.
A contramano de la aparente quietud que implicó la cuarentena, según los reportes del
Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95 por ciento de los incendios fueron intencionales
y, en algunos casos, ya se cuenta con denuncias concretas por practicar la quema con fines de
expansión inmobiliaria y agropecuaria.
¿Qué escenarios se abren con esta crisis ambiental? Y, fundamentalmente, ¿cuáles son los
caminos hacia la recuperación? Cuatro investigadores de CONICET dialogaron con la Agencia
CTyS-UNLaMel impacto de esta problemática en sus territorios, y sobre los debates
ambientales que se vienen.
Lo que el fuego se llevó
Juan Pablo Argañaraz es investigador de CONICET en el Instituto Gulich (CONAE-UNC), de la
provincia de Córdoba. Estudia las variaciones en la ecología del fuego a partir de la simulación
de distintos escenarios geofísicos, climáticos y meteorológicos. El objetivo es comprender qué
regiones tienen más predisposición al incendio y utilizar esos parámetros como herramienta
de gestión del fuego.
Córdoba fue una de las provincias más afectadas por las llamas, con 315.944 hectáreas
incendiadas, una superficie equivalente a cinco veces la ciudad de Córdoba capital.
“Sinceramente, lo de este año fue muy dramático: hemos tenido muchos incendios muy
grandes, y eso deja una superficie alterada. Con la pérdida de vegetación, va a haber mucho
arrastre de material y los animales ya no tendrán dónde comer y habitar”, explicó el
investigador a la Agencia CTyS-UNLaM.
Los ecosistemas de monte serrano fueron los más afectados, dejando una situación
comprometida para los suelos que quedaron con escasa cobertura vegetal, una mayor
exposición a la erosión y una pérdida de su capacidad de retención hídrica para proveer a los
cursos de agua durante la estación seca, lo que muchas veces compromete el abastecimiento
de agua a la población a fines del invierno y comienzos de primavera.
Sobre la recuperación de estas grandes extensiones, Argañaraz planteó que todavía no se
conoce la magnitud del daño y que, en ese sentido, es importante generar estrategias basadas
en las características del lugar, aunque dichas medidas impliquen simplemente dejar que la
propia naturaleza reaccione.
“Hay muchos estudios que han probado que las plantas nativas tienen una alta capacidad de
supervivencia. En general, entre un 70 y un 90 por ciento sobrevive, pero, dada la extensión
del fuego, desconocemos si se podrá recomponer o si hacen falta otras medidas de
recomposición”, precisó Argañaraz.
En consonancia, un equipo de investigadores del Centro Científico Tecnológico (CCT–CONICET-
Córdoba) instó al gobierno provincial a adoptar medidas ecológicamente adecuadas, desde un
enfoque transdisciplinario, y a disponer de los recursos de cartografía digital existentes para
conocer el estado real de los escenarios afectados.
Hacia el noreste del país, en la provincia de Corrientes, el fuego arrasó con regiones de monte
nativo y también de producción maderera. “En el área donde estábamos trabajando nosotros,
quedó todo quemado. Ahora, lamentablemente, volvieron a subir las temperaturas, pero
estamos asustados. Queda un 10 por ciento del parque en pie, pero está muy seco todo”,
contó a la Agencia CTyS-UNLaM el investigador Martín Kowaleski, que trabaja con poblaciones
de monos carayá en Parque Provincial San Cayetano.
El investigador, dedicado también al estudio de enfermedades zoonóticas en el cruce de
ecosistemas silvestres y urbanos, detalló que el hábitat de muchas especies autóctonas se vio
fragmentado y que una de las primeras tareas al contenerse los incendios es, precisamente,
intentar generar puentes para la fauna sobreviviente.
Sin embargo, el primer paso es intentar dimensionar la magnitud del daño. “Hay ambientes
que resta evaluar si se pueden recuperar y de qué manera: si no se quemaron las raíces y los
bancos de semillas, es probable que se reestablezca, aunque obviamente dependemos de que
llueva”, precisó Kowalewski.
En lo que respecta al litoral, el panorama es de una gravedad casi sin precedentes. Desde que
comenzó el año hasta el día de hoy, en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe se quemaron
306.529 hectáreas, un proceso agravado por las condiciones secas y cálidas del fenómeno
atmosférico de la Niña y por la bajante histórica del Paraná.
“Ya no queda nada más por quemar”, sintetizó la investigadora del CONICET Natalia
Morandeira, quien se dedica al estudio de los ecosistemas de humedales en el Instituto de
Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
La investigadora sumó que, en ecosistemas previamente impactados por la sequía, el fuego
vino a añadir un estrés adicional.“En el caso del Paraná, los incendios se propagaron más
rápido y quemaron no solo la vegetación seca, sino también el suelo, el fondo seco de los
cuerpos de agua, donde todo el carbono y el nitrógeno acumulado se vuelve a emitir a la
atmósfera y contribuye así al cambio climático”.
Con estos parámetros, los pronósticos futuros son algo reservados. De hecho, no solo hacen
falta disponer de recursos para monitorear y evitar nuevas quemas, sino proteger los espacios
alcanzados por el fuego para que comiencen el proceso de regeneración.
Según estudios realizados por investigadoras de la UNSAM después de los incendios del 2008
en el Delta, se estima que estos suelos tardan algo más de una década en recomponerse si no
se los somete a nuevas alteraciones.
“En esta zona de humedales –agregóMorandeira- los suelos son producto de muchos procesos
de acumulación de sedimentos, reiteradas inundaciones, acumulación de raíces y demás, por
lo que necesitarán mucho tiempo para recuperar la capacidad de almacenar carbono”. Sin
embargo, en Entre Ríos, ya hay denuncias de preparación de terrenos dañados para
agricultura, rociando nuevamente la tierra con plaguicidas.
Agenda política y ambiental, senderos que se bifurcan
Con el correr de los meses, las comunidades locales dieron con potenciales responsables de
muchas de las quemas, algunas registradas en tierras donde más de una vez se detectaron las
columnas de humo. No obstante, y con toda una batería de legislación mediante, la letra fría
de la ley no llega siempre a traducirse en buenas prácticas.
“Tenemos normas ambientales vigentes muy completas: hay dos leyes de presupuestos
mínimos, una sobre quemas y otra sobre manejo de fuego, pero en la práctica fueron bastante
desfinanciadas. Son leyes que existen pero que no tienen la efectividad deseada como para
que hoy no estemos siendo arrasados por el fuego”, reflexionó, por su parte, la abogada e
investigadora del CONICET en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Valeria Berros.
En primer lugar, la investigadora e integrante de la organización de Derecho Ambiental
Capibara identificó un accionar desarticulado entre los distintos niveles de gestión
gubernamental y una dificultad para jerarquizar la causa ambiental dentro de estos poderes, a
partir de políticas de protección de la biodiversidad, desarrollo sustentable y fallos que sienten
jurisprudencia en la materia.
“La labor de identificar quienes fueron los responsables de iniciar estos incendios es
importante, por un lado, para que se hagan cargo de esa recomposición, al margen del debate
de cómo debería llevarse a cabo y, por otro, porque es necesario que haya algunos
antecedentes en ese sentido”, precisó.
Este año, el mismo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se presentó como
querellante en las investigaciones por incendios, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación
resolvió que, en algunos casos, se formen mesas de emergencia para, entre las jurisdicciones
involucradas para investigar, dar curso a las denuncias y sancionar las quemas ilegales.
Sin embargo, en lo que respecta a gestión de los recursos, los investigadores señalan una
suerte de distancia que imposibilita vincular los problemas sociales, económicos y ambientales
con las formas en las que se enfoca el modelo de desarrollo.
En palabras de Kowaleski, basta con observar el ejemplo de la pandemia: “Cuando comenzó la
cuarentena, se hablaba sobre su posible origen zoonótico, pero, a los 15 días, se establecieron
como esenciales distintas actividades extractivas directamente vinculadas con estos escenarios
de intercambio de enfermedades, tanto a nivel nacional como regional”
Ante la duda, primero la naturaleza
Pese a las dificultades, Berros destacó que las causas ambientales no solo están teniendo cada
vez más resonancia en las comunidades, sino que la misma naturaleza de esta rama del
derecho fue cambiando su comprensión del entorno natural en los últimos tiempos.
“Si uno hila un poco más fino –explicó- se ven perspectivas nuevas en el derecho ambiental
que están circulando en América Latina desde hace tiempo, como el ‘giro ecocéntrico’, que
busca corrernos de la mirada antropocéntrica y de mirar al ambiente ya no como algo que
tenemos que proteger solo porque nos rodea, sino como algo de lo que somos parte”.
Así, algunos proyectos de Ley en Argentina, como los de humedales que actualmente se están
discutiendo, ya empiezan a ponderar estos ecosistemas por su “valor intrínseco” y no cómo
espacios que deben protegerse solo por los servicios ecosistémicos que prestan. Es decir, que
se rescata su valor per se.
Dentro de este “giro”, que vuelve un poco más compleja la mirada sobre el entorno, también
se contemplan otros saberes no estrictamente científicos a la hora de construir aquello que se
protege.
“Tenemos ahí una cuestión trascendental: alguien va a definir qué es un humedal, y el que lo
define es el discurso científico, pero se está empezando a pensar en cuáles otras voces es
necesario traer para pensar qué es un humedal, porque los saberes no solo circulan por los
que producen conocimiento”, reflexionó la investigadora.
Berros reconoce otra herramienta relativamente nueva del Derecho ambiental que es el
principioIn Dubio Pro Natura que, en una traducción directa indica que, ante la duda, debemos
tomar la decisión que más beneficia a la naturaleza, sorteando la incerteza básica de los
saberes en pos del cuidado del medio ambiente.
De cara al futuro
En la práctica, de vuelta al calor del fuego, esta serie de transformaciones en el derecho trae
herramientas para pensar colectivamente la convivencia con todo lo vivo, y para no confinar
las prácticas de cuidado sólo a las áreas protegidas. Es decir, que cuidado, usos y desarrollos
no impliquen necesariamente territorios –y actores- separados.
Todos los investigadores coinciden en que la diferencia más significativa con incendios
anteriores es que la cuestión ambiental está mucho más en la agenda social que antes. “La
sociedad está más organizada, hay más exigencia a los gobiernos, hay más información”,
adelantó Morandeira, pero enfatizó que el desafío está en poder abordar las problemáticas
ambientales “desde su complejidad”.
En ese sentido, apuntó a dejar de lado la dicotomía “conservacionistas vs. productivistas” para,
en su lugar, “buscar una convergencia entre esas visiones y discutir qué modelos de desarrollo
queremos, qué impactos aceptamos en el ordenamiento territorial de los esquemas
naturales”. Al respecto, Argañaraz subrayó la necesidad de reforzar la educación ambiental y la
construcción de nuevas prácticas de manejo del suelo entre el Estado y los productores.
De alguna manera, esas miradas, que ya comienzan a plasmarse en el Derecho ambiental,
invitan a considerar que las decisiones sobre suelos privados tienen impacto en el patrimonio
público, y que se deben articular las regulaciones existentes para poder prevenir esos malos
usos del territorio.
Kowalewski lo resumió, en parte, de esta manera: “Cuando vos conservas ambientes naturales,
estás trabajando para el futuro. Hoy por hoy, a la altura de destrucción que hemos alcanzado,
el cambio no puede ser individual, tiene que ser colectivo”.
Agencia CTyS-UNLaM
