La ministra de Seguridad Patricia Bullrich visitó la mega cárcel para pandilleros de El Salvador

La penitenciaria de máxima seguridad tiene capacidad para 40.000 reclusos y fue construida del presidente Nayib Bukele.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich visitó la mega cárcel para pandilleros de El SalvadorLa ministra de Seguridad Patricia Bullrich, visitó la macrocárcel para pandilleros de El Salvador.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó este domingo el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, una mega cárcel para pandilleros con capacidad para hasta 40.000 reclusos construida hace poco más de un año por orden del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en el marco de la lucha contra estos grupos.

”El Salvador era el país más violento. Se convirtió en un país donde las familias pueden caminar, viven en paz y en tranquilidad. Todo gracias a un programa de destrucción de las maras asesinas, que hoy están acá encerradas”, dijo la ministra durante la recorrida de la penitenciaria.

La ministra Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo.

Bullrich estuvo acompañada por el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, y agregó la estrategia de ser “duros contra los criminales” es “el camino” para la “libertad para los argentinos de bien”, tal y como ha agregado a través de una publicación en su perfil de la red social X.

Villatoro ha dado la “bienvenida” a su par argentina “al país más seguro de América Latina”, iniciando su “recorrido visitando el CECOT”: “Es un verdadero placer recibirla, estoy seguro de que esta visita será enriquecedora. Usted y su equipo van a poder conocer de primera mano el ‘Modelo Bukele’”.

Poco antes de esta visita, Bullrich se ha reunido con el director general de la Academia Nacional de Seguridad Pública, César Flores Murillo, quien le explicó de forma “completa y detallada” la administración de la Policía y “sus importantes resultados”.

El dirigente salvadoreño decretó hace más de dos años un régimen de excepción que suspende algunos derechos constitucionales y ha sido criticada por organizaciones de Derechos Humanos, pero el Gobierno la defiende como una herramienta necesaria para combatir la violencia de las pandillas.

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