Radio Aires HD Villaguay
El Tribunal de Juicios y Apelaciones que debía dar inicio este jueves al megajuicio al exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, abrió hoy un cuarto intermedio hasta mañana, a las 10, para resolver el planteo de los defensores sobre la afectación al derecho de defensa por la aplicación de un muy discutido protocolo sanitario elaborado por el área de Salud Ocupacional del Superior Tribunal de Justicia (STJ). La dilucidación de ese entredicho frenó el comienzo de las audiencias que, así, quedaron en medio de una nube de interrogantes.
Los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón tenían previsto contar hoy con un informe del Comité de Organización de la Emergencia Sanitaria (COES) sobre una serie de consultas hechas por el equipo de ingenieros y médicos del Poder Judicial en torno al protocolo a aplicar. Pero el informe no llegó a las 8, como se esperaba, sino durante la audiencia, lo que obligó al tribunal a modificar la resolución que había tomado: emplazar al Ministerio de Salud para que responda a las 12 de hoy. Al final la resolución fue abrir un compás de espera, y que en el ínterin Salud Ocupacional del STJ se expida sobre el informe que envió finalmente el COES.
Básicamente, el COES dijo que «es competencia» del Poder Judicial diseñar los protocolos para las audiencias, algo que no ha ocurrido: según admitió en la audiencia realizada este jueves la médica Valeria Moyano Rodríguez, «ayer» le pidieron que hagan un protocolo común para todas las audiencias de juicio. Hasta ahora, lo que hacían era elaborar pautas a pedido de cada tribunal antes del inicio de un juicio. Pero ni Moyano Rodríguez ni su colega Pablo Taleb pudieron evacuar muchas de las consultas que les efectuó la fiscal Cecilia Goyeneche. La razón: faltó a la cita uno de los redactores del protocolo sanitario, el ingeniero Mario Benavento, en uso de licencia. Por eso, el tribunal lo citó para mañana a la audiencia y libró oficio al Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Durante la audiencia, la fiscal Goyeneche hizo notar una contradicción: la abogada Nancy Bizai, directora de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial había resuelto, al inicio de la discusión por parte de los defensores del protocolo sanitario, no darle intervención al COES. El organismo de Salud recién emitió opinión a pedido de los propios defensores. Hubo informes hechos el 19 de agosto, el 7 de septiembre y el 15 de septiembre. Hoy, uno nuevo. A partir de ese último documento, y la intervención de Salud Ocupacional del STJ, el tribunal resolverá mañana si hay o no megajuicio.
El megajuicio incluye tres causas de corrupción acumulados, y de ahí el nombre: N° 11.808, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; N° 4.385, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública”; y N° 6.399, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública”.
Cada una de esas causas se tramitaron en forma separada y, durante 2020, se fijaron los días de juicio. Pero en forma sucesiva fueron suspendiéndose. El jueves 13 de agosto, el tribunal que finalmente quedó para juzgar a Urribarri, conformado por los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón –se habían excusado Alejandro Grippo, Gustavo Pimentel y Rafael Cotorruelo, primero; y Pablo Andrés Vírgala y Gervasio Pablo Labriola, después- decidió suspender, por razones sanitarias, el inicio del juicio, el “Sueño Entrerriano”, y resolvió la unificación: la primera, la «causa de la vaca», que se iba a concretar ese año pero se suspendió; «el Sueño Entrerriano», también suspendido; y el proceso que tenía fecha para octubre del año pasado, en el que se investiga la distribución amañada de publicidad oficial, que también se suspendió.
